El planteo fue realizado por el Colegio provincial que preside Mateo Laborde al titular de la ANSeS. Consideran que el rechazo que tuvieron jóvenes y noveles abogados es ilegítimo y discriminatorio. El IFE es un aporte de emergencia de 10 mil pesos dispuesto por el Gobierno nacional.

El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que preside el titular del Colegio Departamental Mercedes, Dr. Mateo Laborde, elevó un escrito al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Dr. Alejandro Vanoli para manifestar “nuestra profunda preocupación por el sinnúmero de rechazos que han afectado a abogados y abogadas, que reuniendo los requisitos establecidos normativamente, han visto denegado su pedido de I.F.E por parte de la ANSeS”. Destaca la misiva que la Comisión de la Abogacía Joven de este Colegio provincial “nos ha informado que a la mayoría de los profesionales afectados en un primer momento les fue aceptada la solicitud, posteriormente el propio organismo previsional les requirió una CBU para poder materializar la transferencia, pero al momento del pago recibieron el rechazo de la ANSeS bajo la siguiente leyenda “El Ingreso Familiar de Emergencia no le corresponde a los monotributistas no aportantes,  ya que aporta a la seguridad social por estar también en relación de dependencia o por pertenecer a una Caja Jubilatoria de su profesión. En su caso, usted o algún integrante de su grupo familiar cumple con esta característica”.

Discriminatorio

Para el COLPROBA el rechazo por parte de la ANSeS es “excesivo, ilegitimo y discriminatorio”, “ya que no se funda a derecho y adolece de veracidad jurídica”, fundamentan. En tal sentido, a partir de la declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 310/2020 (DCTO-2020-310- APN-PTE – Ingreso Familiar de Emergencia), detallan que la norma en cuestión es clara en incluir como beneficiarios a aquellos monotributistas categoría A y B, sin agregar nada respecto al régimen de previsión y seguridad social al que aporten. “Por lo tanto, no existe en la normativa restricción alguna relacionada con el hecho de estar afiliado a una Caja de Previsión Social para Profesionales”, sostienen. Agregan que ello resulta coherente dado que, sin perjuicio que no se realicen aportes previsionales al SIPA, “también es cierto que toda la ciudadanía contribuye solidariamente a la financiación del Sistema de Seguridad Social nacional, a través del pago de otros impuestos nacionales, y justamente el denominado “IFE” es una prestación de emergencia, de carácter “no contributivo”, que no debería vedarse a nuestros matriculados y particularmente a aquellos más jóvenes. Nuestros jóvenes y noveles profesionales son quienes se encuentran mayormente afectados por esta crisis sanitaria y económica, por encontrarse en los estamentos más bajos del monotributo, ya que muchos de ellos están dando sus primeros pasos en el ejercicio profesional, que hoy se encuentra paralizada en la provincia de Buenos Aires”. El Colegio provincial pidió entonces que se proceda a la revisión de todos aquellos casos denegados por la causa invocada, otorgando en consecuencia el IFE a los/as colegas que cumplen los requisitos exigidos por la normativa. “Así como también le requerimos el inmediato cese en la utilización de este requisito no previsto normativamente para la conclusión de trámites futuros, toda vez que el mismo implica un actuar discriminatorio para nuestra profesión y para el principio de igualdad en nuestra Constitución Nacional y en las Convenciones Internacionales incorporadas a ésta”, concluyen no sin anticipar que iniciarían acciones en caso de no obtener rápidas respuestas.

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